El país debe promover una ley que regule el derecho a la alimentación. La mejora de políticas es clave para impulsar una alimentación saludable.
En México, el 59.1% de los hogares “se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria, de ellos 20.6% con inseguridad moderada, y la mayoría están en zonas rurales”, informó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera.
Encabezando la conferencia 30 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria, celebrada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el tema: “El derecho fundamental a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente pertinente”, el subsecretario indicó que esta situación ha sido agravada por la pandemia de Covid-19, ya que, “derivada de ella y de sus efectos económicos y de salud, 63.3% de los hogares ha reportado reducciones en sus gastos generales y 47.1% informa una reducción en gastos por alimentos”.
El funcionario mencionó que “es necesario que el gobierno sostenga su posición actual de cero conflicto de intereses, con la separación del poder político y el poder económico, para evitar que los intereses económicos de los conglomerados alimentarios interfieran en las decisiones que emprende el aparato público a favor de la salud de la población y ambiental. El modelo agroalimentario predominante en el mundo está agotado, es insostenible, contraproducente, al propiciar un estancamiento en la productividad y caída en la rentabilidad, y no garantiza la seguridad alimentaria, por tanto resulta urgente cambiarlo.”
Así, toda política pública agroalimentaria debe enfocarse obligadamente a combatir tanto la subalimentación, expresada en desnutrición y anemia, como el sobrepeso y la obesidad, resultantes, en el caso de México, de una alimentación en cuyo consumo predominan productos ultraprocesados.
Suárez Carrera mencionó factores que se han desarrollado en el mundo bajo el modelo agroalimentario predominante: gran emisión de gases de efecto invernadero (25% del total); sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos (al consumir 75% del agua dulce disponible en el planeta) e impulso de monocultivos con alta concentración espacial y paquetes tecnológicos, de la revolución verde, de baja resiliencia climática.
El modelo, consideró, ha disminuido también la diversidad biológica y el acervo de semillas y plantas útiles a la humanidad y generó daños a la salud de los trabajadores agrícolas al exponerlos a agroquímicos peligrosos, además de la afectación a la salud pública (con dos mil millones de personas sufriendo obesidad y sobrepeso) y la propagación de zoonosis y resistencia a antibióticos.
Agregó que el actual modelo agroalimentario tampoco se orienta al bienestar de la población, sino a las ganancias de grandes empresas, y ha propiciado el estancamiento de los rendimientos y la caída de rentabilidad de los productores.
En tanto, la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Lina Pohl, celebró que en el país se promueva una ley que regule el derecho a la alimentación, “pues la mejora de políticas y de legislación son claves para impulsar una alimentación saludable en las poblaciones del mundo”.
A escala mundial, la FAO propone fomentar “la demanda de los consumidores de alimentos nutritivos, la producción de alimentos de manera sostenible, el impulso a la innovación, generación de datos e información confiable, entre otras acciones”, expuso Lina Pohl.