Tener acceso a alimentos adecuados y suficientes es un derecho humano fundamental para las generaciones presentes y futuras.
Desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1945 y 1948 respectivamente, los derechos humanos se han ido ampliando para incluir normas específicas relacionadas a la diversidad de grupos vulnerables. En este contexto, el derecho a la alimentación fue uno de los primeros en reconocerse, y se le incluye, actualmente, dentro del derecho a un nivel de vida adecuado, adherido al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1976.
No obstante su reconocimiento, en la práctica, el hambre continúa sin ceder territorio a escasos 5 años para el cumplimiento de la agenda 2030, que posicionó la erradicación de la pobreza y del hambre como las dos primeras prioridades en su lista de objetivos.
Como un derecho permanente, la perspectiva con la que se aborda la alimentación se ha ampliado para reconocer la prioridad, no solo al acceso de alimentos, sino la importancia de que estos sean adecuados para la gente y para la salud de la tierra, de la cual dependemos.
De esta manera, los alimentos a los que por derecho tenemos acceso, se caracterizarían por ser nutritivos, seguros y asequibles, elementos que son enfatizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuando nos referimos al tipo de alimentación que nos brinda mayores posibilidades de proveer a las generaciones presentes y futuras: la alimentación sostenible.
Las desigualdades se vuelven más contrastantes cuando de alimentación se trata. Un ejemplo paradójico es el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cita, al hablar de las 733 millones de personas que padecen hambre; dentro de las cuales se incluyen a las y los trabajadores que se encargan de la producción de alimentos.
Abordar el derecho a la alimentación digna y adecuada, es reconocer la injusticia detrás de la producción de alimentos, el deterioro de la tierra y la crisis climática que se agudiza al aumentar el consumo de alimentos con mayor huella ambiental, así como la tendencia dominante del consumo de productos ultraprocesados a nivel mundial, principalmente en las urbes, misma que se traduce en el crecimiento de población con obesidad y enfermedades cardiovasculares, lo cual representa un reto de salud pública a corto y largo plazo.
De reciente aprobación, tal como se reconoce en el Artículo 4° de la Constitución Mexicana,
la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS), permitirá la regulación del derecho a la alimentación en nuestro país, de acuerdo con las autoridades gubernamentales. Esta ley, impulsada por Alianza Alimentarua y Acción Climática, representa un parteaguas para la gestión de acciones que garantizarán el acceso a alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, buscando evitar el desperdicio, así como fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país. Además, promoverá la generación de entornos alimentarios que propicien el consumo informado de alimentos saludables y nutritivos.
Si deseas contribuir al desarrollo sostenible y garantizar que más personas tengan acceso a alimentos adecuados y suficientes, ¡puedes comenzar cada vez que te sientas a la mesa!
Mediante nuestras iniciativas, damos seguimiento a nuestro compromiso constante de ofrecer herramientas que fortalezcan el reconocimiento de nuestro derecho al acceso a alimentos nutritivos y sostenibles: entre todas y todos contribuimos para hacer crecer nuestro conocimiento en pro de una ambiente más saludable para las generaciones presentes y futuras, ¡un plato a la vez!
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